Resumen: Una vez desechada la aplicación de la normativa expresamente diseñada para los contratos de servicios públicos afectados por la pandemia del covid-19, tampoco procedería indemnizar a la actora conforme a los principios del " ius variandi" o del " factum principis" dado que no ha existido por parte de la fundación municipal contratante una modificación unilateral del contrato en cuestión, ni puede atribuirse a una decisión del Ayuntamiento de Gijón el incremento de costes invocado por la recurrente. Finalmente no está de más destacar que el contrato de servicios objeto de esta litis se suscribió el 28 de junio de 2018 por un periodo de 2 años y medio (30 meses) prorrogable por un máximo de otros dos años autorizándose el gasto para esos dos años y medio de 10.646.567,19 €. En definitiva, se inició casi dos años antes de la pandemia, periodo del que, sin embargo, prescinde a la hora de invocar el desequilibrio del contrato suscrito cuando lo cierto es que para demostrar tal supuesto desequilibrio, la actora -sobre la que recae la carga de la prueba- habría debido realizar un análisis global de la ejecución del contrato (desde su inicio hasta la fecha establecida para su finalización), con sus ingresos y gastos en todo su período de vigencia, a fin de poder apreciar el efecto real del período pandémico en el balance de la contratista.
